La Consulta Previa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, que fue introducida a raíz de la actual Ley de Hidrocarburos y reglamentada en 2007 con el objetivo de cumplir los lineamientos del Convenio 169 de la OIT, se ha tornado en un tema conflictivo para la industria extractiva.
Entendidos en el tema coinciden en afirmar que se ha convertido en uno de los obstáculos para el desarrollo de proyectos extractivos en el país, tanto mineros como hidrocarburíferos, y carece de un marco regulatorio que determine su alcance.
Inclusive el presidente Evo Morales manifestó la anterior semana que las consultas que deben realizarse a algunos pueblos indígenas para el desarrollo de un proyecto, en vez de ser beneficiosas, son perjudiciales. “En algunas zonas nos perjudican con ese tema de consulta, dos años, tres años, ni se imaginan cómo nos hacen sufrir, pero todos perdemos ahí, Bolivia pierde, el pueblo pierde, y es importante resolver estos problemas que se presentan”, expresó.
SIN MARCO REGULATORIO
La Consulta Previa se encuentra vigente en la legislación boliviana. Sin embargo, su aplicación es realizada desde un punto de vista muy amplio y sin restricciones, pues no cuenta con un marco que determine el alcance de la misma en cuanto a tiempos, montos, causales que la motiven, plazos perentorios y otros aspectos que no se encuentran debida y claramente reglamentados, explica la consultora en hidrocarburos Daniela Durán.
En este sentido, Durán dice que la consulta debe ser realizada en el marco de la racionalidad, pues es necesario que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y sus costumbres. La misma debería ser realizada únicamente al inicio de cada proyecto y no para cada actividad considerada en el mismo, pues eso conlleva a demasiado retraso en el desarrollo de operaciones petroleras y de las actividades hidrocarburíferas como tal, quitando dinamismo al sector.
Al respecto, el analista energético Mauricio Medinaceli afirma que la actual Ley de Hidrocarburos No. 3058 complica demasiado el proceso de la Consulta Previa y, por ello, crea problemas legales insalvables. “Creo que una revisión, a la luz de los actuales hechos, es muy necesaria”, dice.
Propuesta
A decir de la consultora en hidrocarburos, Daniela Durán, en la nueva Ley de Hidrocarburos se debería elaborar un capítulo mucho más adecuado al sector, así como los reglamentos respectivos que brinden un marco jurídico lógico, tanto a los pueblos originarios como a las empresas que pretendan desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera.
Estos reglamentos tendrían que establecer plazos, límites de montos y acortar la cantidad de consultas a una sola, al inicio de cada proyecto, y no así en cada etapa del mismo o para cada proceso ambiental establecido en las normas de medio ambiente.
“Posición demagógica”
Para el analista energético Carlos Miranda, la Consulta Previa es una posición política demagógicamente utilizada desde el gobierno de Jaime Paz Zamora hasta la fecha. “El Gobierno actual ha exacerbado ese concepto en la Constitución y las leyes sectoriales. El deseo de eliminar o añadir un mayor dinamismo muestra que la utilización de ese concepto por estos gobiernos no es un tema de profunda convicción, sino de utilidad política”, expresa.
Asimismo, agrega que la única manera de poner una reglamentación de beneficio para todas las partes se debería comenzar con la eliminación de la obligatoriedad de la Consulta Previa incluida en la CPE.
Normativa minera
Por otra parte, en el sector minero existen problemas serios para definir la estrategia de una política que posibilite el desarrollo activo de este sector y de nuevos proyectos de magnitud, pues son varios años que la Ley Minera se hace esperar, según el experto Gastón Gutiérrez Cortez.
“La Consulta Previa no avanza, porque mientras se regularizan las cosas, el tiempo pasa y la gran minería sigue postergada, su industrialización una utopía, como Karachipampa que en sus primeros pasos se paralizó nuevamente pese a otra fuerte inversión que no logró mover al elefante blanco”, asegura.
Precisamente, la inversión en nuevos proyectos mineros en el país alcanza sólo a $us 106 millones, frente a los $us 7 billones que invierte Perú y los $us 2,7 billones que invirtió Argentina el año 2011, según datos divulgados por el libro Los dilemas de la minería
Autor: Verónica Muriel C.